08 DE CADA 10 MINEROS ARTESANALES INSCRITOS EN EL REINFO NUNCA SE FORMALIZARON
Gerente de Renama señala que REINFO no ha sido efectivo y solo ha permitido que los ilegales se aprovechen para delinquir va afectar la economía del país.
Quedando claro que el proceso de formalización de la minería ilegal ha sido un fracaso el Congreso de la República quiere seguir ampliando los plazos. Según cifras del Registro Integral de Formalización Minera, de los 87,111 pequeños mineros informales que se inscribieron en este proceso en los últimos ocho años, apenas 2,090 (2.4 %) han logrado formalizarse. De ahí que para el gerente de Renama, este proceso de formalización no ha sido efectivo y que lo único que ha permitido es que los mineros informales se aprovechen para seguir delinquiendo en contra de los intereses del Estado y todos los peruanos.
El proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, iniciado oficialmente en 2016 con la creación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ha fracasado. En ocho años, de 2016 a 2023, solo dos de cada diez mineros inscritos en el Reinfo han cumplido los requisitos y han dejado la ilegalidad.
EN CIFRAS
Según el reporte del Ministerio de Energía y Minas de Julio del 2024, de 87,111 pequeños mineros informales inscritos en el Reinfo, apenas 2,090 (2.4 %) han logrado formalizarse, 68,817 (79 %) se encuentran con la inscripción suspendida por incumplir los requisitos de vigencia, y 16,204 (18.6 %) continúan en proceso de formalización, muchos solo en el papel.
Estos datos, sin embargo, no incluyen a los que no están interesados en formalizarse, lo que podría elevar las cifras. No en vano, la producción conjunta de la minería informal e ilegal en 2022 representó el 39.3 % de la producción nacional de oro: aproximadamente 4 mil millones de dólares.
El Reinfo no consiguió diferenciar a los mineros formales y artesanales de los ilegales y, al mismo tiempo impidió la lucha contra la minería ilegal. El problema del Reinfo es que pasó de ser un proceso temporal (3 años) a convertirse en uno sin fin. Desde su creación, el plazo de cierre ha sido ampliado dos veces, lo que ha impedido saber cuántos mineros ilegales aparentan estar en proceso de formalización. Sucede que basta con que un minero esté inscrito en el Reinfo para que pueda extraer mineral, comprar explosivos con la autorización excepcional de uso de dinamita, trasladar mineral sin la necesidad de acreditar su origen, y procesar el mineral y venderlo.
MINEROS CON IMPUNIDAD
Un inscrito en el REINFO, así se encuentre suspendido, no puede ser detenido ni procesado. Es por esto que se ha convertido en la herramienta perfecta de impunidad para la minería ilegal, que viene creciendo en cada vez más regiones del país, de la mano de bandas de crimen organizado.
Todo este proceso demanda inversión de tiempo y dinero. A los mineros informales e ilegales no les importa demasiado asumir esos costos, porque, al estar inscritos en el Reinfo y debido a la falta de fiscalización del Estado, pueden seguir extrayendo y comercializando minerales. Tanto es así que la minería ilegal en la actualidad pierde cada año 23,760 millones de soles anuales, que es más de los ingresos del narcotráfico, y representa una pérdida del 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI).
LA REALIDAD DE CAJAMARCA
Para Sergio Sánchez, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente RENAMA del Gobierno Regional Cajamarca señala que el REINFO no ha sido efectivo en su propósito, “casi 82 000 expedientes que ingresaron para formalizarse, de ellos ni 2 000, y si nos damos cuenta, la mayoría que son los que generan el problema en la región Cajamarca con la ilegalidad, son el resto que aprovecha este REINFO para seguir delinquiendo, pues afecta a la competitividad del país y también a la competitividad de la empresa que formalmente tiene una concesión” asevera el funcionario.
Como ejemplo, el caso Michiquillay “Este proyecto tiene su concesión, dentro de ella hay mineros ilegales, que sacan buena cantidad de oro a diario, para empezar, es perdida para el país porque no pagan impuesto y perdida ambiental, porque no podemos fiscalizar, no hay un instrumento de gestión ambiental unido, que nos permita fiscalizar, desde el Gobierno Regional y el gobierno nacional, por el mismo hecho de que son ilegales” agrega Sánchez Ibáñez.
