JOAQUIN RAMÍREZ A LA ESPERA DE LEY QUE EVITARÍA PERDER TOTALMENTE SUS PROPIEDADES Y QUE PASEN A PODER DEL ESTADO PERUANO
Congreso busca aprobar proyecto de ley, que impedirá al Estado no poder tomar posesión de bienes producto de la delincuencia hasta que exista una sentencia del Poder Judicial.
Tanto el Poder Judicial como la Procuraduría General de la República se han pronunciado contra la aprobación del dictamen Nº 3577-2022, que modifica el proceso de extinción de dominio. Si esta modificación es aprobada en el pleno, a decir de la Procuradora de extinción de dominio y el Juez Supremo titular y coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de domino, afectará la lucha contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver con Cajamarca? pues recordemos que al alcalde provincial Joaquín Ramírez, sus familiares y otros involucrados se les intervino 243 bienes materiales en diversas partes del país, con esta ley tendrían carta abierta para recuperarlos, yendo contra la esencia de los procesos de extinción de dominio.
El juez supremo Manuel Luján Tupez explica que la extinción de dominio, es un proceso creado para poder retirar en la sociedad peruana, todos los bienes que no tengan un origen, uso o una tenencia licita, que se hayan adquirido contra la ley. Para la Procuradora de extinción de dominio Liliana Meza Aquino, el peligro (si esta modificación es aprobada) es que afectará la lucha contra la corrupción, contra la criminalidad organizada y otras actividades graves. “El proceso de extinción de dominio hoy por hoy es un proceso autónomo e independiente de otro tipo de proceso, ya sea penal o civil, y esa autonomía es lo que ha hecho que se obtengan los resultados y que el Perú sea un referente a nivel internacional en recuperación de activos”,
PELIGROSO PROYECTO QUE ATENTA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cabe precisar que, desde las filas de la bancada fujimorista, de donde Joaquín Ramírez fue secretario general, se presentó esta iniciativa legislativa, que implica agregar dos palabras al decreto legislativo N° 1373, específicamente a la definición de “actividad ilícita”. El impacto de esta modificación es que el Estado no podrá tomar posesión de bienes producto de la delincuencia hasta que exista una sentencia del Poder Judicial.
“… cuando un testaferro, una persona que no ha cometido el delito, tenga a su nombre sus bienes, que ni son suyos, porque quien los está usando es la persona que cometió el delito pueda ser procesada, como no cometió el delito, no se le podría quitar esos bienes y ¿cuál es la consecuencia?, que esos bienes seguirían usándose, seguirían estando en manos de los delincuentes para seguir extorsionando, para seguir traficando con personas, traficando con drogas. etc. Eso implica que los que están en la condición de uso de bienes que serían ilícitos, son los que precisamente podrían verse en un beneficio que no les corresponde” explica Luján Topez.
Como se viene dando, hasta el momento para la extinción de dominio, no se tiene que esperar se resuelvan los casos de los investigados y/o procesados, el magistrado Luján, manifiesta que la propia definición señala que es autónomo del proceso penal o civil, la persona seguirá su proceso y el juez o la sala penal tomará la decisión que corresponda respecto a los personajes públicos y no públicos, pero los bienes pueden ser extinguidos independientemente de que exista una sentencia.
Si el investigado cree que resuelto su caso recuperará su bienes, como viene señalando el alcalde de Cajamarca Joaquín Ramírez, el magistrado le enmienda la plana y señala que ese no es el camino, porque en un proceso de extinción de dominio, lo que se evalúa es la legalidad del bien, “…si el bien está dentro de la ley, así se trate del diablo, ese bien seguirá en manos de quien corresponda, por lo contrario, si el bien es ilegal, así se trate de un ángel o un santo de devoción pública, el bien es extinguido al Estado porque el bien, es ilegal” enfatizó.
PROPIEDADES E INVOLUCRADOS EN EL CASO DE LAVADO DE ACTIVOS QUE INVOLUCRA A JOAQUÍN RAMÍREZ
RECORDEMOS que el 11 de abril de este año, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú incautaron 243 bienes materiales. En total, son 171 propiedades en todo el país, entre 111 vehículos y aeronaves.
El supuesto clan criminal tendría como brazo político a la tres veces fallida candidata presidencial del Perú, Keiko Fujimori, y su exasesor Pier Figari. Ellos habrían captado fondos ilícitos para conseguir poder en dependencias del Estado y así blindar a la organización delictiva.
El brazo comercial sería integrado por la familia Ramírez. Hay varios nombres apuntados por el Ministerio Público: Joaquín Ramírez, Osías Ramírez, Rosa Castañeda, Luisa Gamarra de Ramírez, Edmon Jordan Montes, Harold Morales, Marcos Aponte, Maribel Ramírez, Marco Antonio Urteaga, Nancy Gallegos de Vela, Nancy Ramírez Gallegos y Yohny Ramírez. Todos ellos habrían utilizado empresas fachada para beneficiarse con ganancias ilícitas.
DATO:
En los últimos cuatro años de vigencia del decreto legislativo 1373 se lograron cerca de 717 sentencias fundadas, lo que equivale a 260 millones de soles recuperados en viene so patrimonios ilícitos a favor del Estado.
